Dos mujeres gaditanas, de Chiclana y Sanlucar respectivamente, aguardan la llegada de septiembre de manera especial tras sufrir un calvario por haber ingerido el controvertido medicamento Agreal, un fármaco que permaneció disponible en el mercado desde 1983 a 2005, año en que las autoridades sanitarias decidieron retirarlo ante los numerosos casos de trastornos que paulatinamente comenzaron a sufrir las mujeres que lo tomaban para, teóricamente, aliviar los síntomas de la menopausia.

El bufete del abogado sevillano Fernando Osuna Gómez es el que lleva el caso de las dos afectadas en la provincia gaditana del total de cientos de mujeres cuya unión en los cuatro últimos años compartiendo sus nefastas experiencias provocadas por el medicamento ha posibilitado que los casos terminen en los juzgados con sentencias desde hace varios años. Osuna resaltaba ayer a este medio el hecho de que en la provincia gaditana se hayan registrado casos de afección por este fármaco antidopaminérgico y, especialmente, lo que puede ser el final del calvario de sus dos clientes, ya que asevera que espera "para mediados o finales de septiembre próximo" el fallo del juicio que se ha celebrado recientemente y que quedó visto para sentencia.

60.000 EUROS DE INDEMNIZACION

Osuna reveló ayer que, entre sus peticiones al juez, se encuentran como primordiales el reconocimiento de los efectos que provoca el medicamento producido por el laboratorio sanofi-synthélabo y la indemnización que, a su juicio, deben recibir cada una de sus dos clientes gaditanas, "cantidades que rondan los 60.000 euros", especificaba el letrado a este periódico, que se muestra optimista ante las conclusiones del desarrollo de un juicio en el que Osuna representó a un grupo de 70 mujeres, de entre 50 y 60 años, afectadas por el fármaco. "Desde que fuera retirado hace ahora tres años -especifica el abogado sevillano-, hemos llevado alrededor de trescientas demandas por este motivo, y hay sentencias ya en la Audiencia Provincial de Barcelona que nos han dado la razón a los letrados que hemos venido representando a las afectadas, si bien el laboratorio ha recurrido los fallos.

¿QUÉ ES SANOFI-SYNTHÉLABO?

Sanofi-Synthélabo es el segundo grupo farmacéutico en Francia, el séptimo en Europa y el decimoctavo grupo farmacéutico mundial. Con 32.000 colaboradores en más de 100 países, Sanofi-Synthélabo presenta una cifra de ventas de más de siete mil millones de euros y posee 50 moléculas en desarrollo. Sanofi-Synthélabo, que se encuentra entre los 20 primeros grupos farmacéuticos del mundo, es el más joven y dinámico en términos de crecimiento de la cifra de ventas y de resultados.

En los años en los que su medicamento Agreal comenzó a presentar problemas y las quejas fueron aumentando, la firma farmacéutica había ganado 944 millones de euros en el primer semestre de 2003, un 14 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. La bonanza económica del laboratorio de origen francés fue reflejada en los mercados internacionales y en los periódicos de papel salmón en España como Expansión en su edición del 2 de septiembre de 2003.

Los problemas con Agreal empezaron cuando sus consumidoras no reaccionaron positivamente al que creyeron un eficaz tratamiento para los sofocos (crisis vasomotoras) y las manifestaciones psicofuncionales de la menopausia confirmada. Depresiones, ansiedad, síndrome de retirada, discinesia, parkinsonismo e incluso propensión al suicidio se convirtieron en un rosario de reacciones incontroladas por parte de las pacientes, cuyas denuncias médicas y judiciales llevaron a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a retirarlo del mercado desde el 15 de junio de 2005.

TORTUOSO CAMINO JUDICIAL.

Los bufetes españoles que llevan los casos de las afectadas por Agreal desde el año 2005 son cuatro: Oria y Peña de Madrid, Pajares de Zaragoza y Osuna de Sevilla.

La primera sentencia en España fue del juzgado de Primera Instancia de Barcelona, en la que se consiguieron tres logros importantes: declarar el producto como defectuoso, ser causante de efectos extrapiramidales (temblores, movimientos involuntarios, parkinson,…) y que acusa adicción o dependencia.

Pese a la escasez de medios económicos de que disponían las primeras demandantes, 18 en total, que llevaban a un médico general como perito judicial, por no tener dinero para hacer frente a profesionales especialistas en neurología, medicina interna, psiquiatría, etc., frente a los peritos judiciales del laboratorio, en los que casi todos eran catedráticos, académicos y doctores, se obtuvo un resultado aceptable, según explica el abogado Osuna, que reflexiona sobre las dificultades encontradas, ya que "el juzgado dio más credibilidad a los peritos del laboratorio, por cuanto que son especialistas, que al médico general". No obstante, tres de los dieciocho casos se ganaron, y el laboratorio recurrió la sentencia.

Desde hace varios meses, acá se están celebrando juicios de afectados por grupos de 127, 90, 70 y 5 personas.

Los abogados se reúnen en Bucarest y Lisboa.