PAJARES & ASOCIADOS ABOGADOS colabora de nuevo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ofreciendo horas pro bono de asistencia y asesoramiento jurídico para apoyar a los Desplazados y Refugiados en cerca de 80 países.

La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) de Madrid adoptó recientemente el acuerdo de incorporar al Socio-Director de PAJARES & ASOCIADOS ABOGADOS, D. José Pajares Echeverría, como árbitro de tan prestigiosa Corte con efectos 1 de Enero de 2018.

Gerson Lehrman Group (GLG) ha incorporado a PAJARES & ASOCIADOS ABOGADOS como miembro en España. GLG opera con un servicio en línea que permite a los clientes consultar y colaborar con los profesionales de diversos sectores y disciplinas de todo el mundo. GLG tiene su sede en Nueva York con 22 oficinas en todo el mundo y 1.400 empleados.

Hemos recibido, con gran satisfacción, la invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima a participar como expositor en el Congreso Internacional de Derecho Corporativo “Un mundo sin Fronteras”, que tendrá lugar entre el 27 y el 30 de mayo de 2019 en Lima (Perú).

Impartiendo la primera ponencia “Los acreedores involuntarios” en Cartagena de Indias, durante el 12 Congreso de Derecho concursal, donde fui gustosamente invitado.

PAJARES & ASOCIADOS ABOGADOS prosigue este año 2018 impartiendo clases de Derecho Concursal para el Máster Universitario en Abogacía en la Universidad de Zaragoza.

Tras el atropello de una anciana en Barcelona, queda en evidencia la ausencia total de una regulación que se aplique en todo el territorio nacional para un sector disruptivo, pero que avanza rápidamente.

La propuesta de un real decreto por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) para prohibir la circulación en aceras de los patinetes eléctricos y reducir la velocidad máxima ha coincidido con el fallecimiento de una anciana a consecuencia de las heridas provocadas por uno de estos vehículos conducido por un adulto. Dado que el patinete ha dejado el exclusivo mundo del juguete para convertirse en medio de transporte urbano, los expertos legales deberán aplicar criterios de responsabilidad jurídica para este tipo de accidentes.

Ciertas actuaciones como degustar productos de la empresa o regalar alimentos a clientes y que no estén estipulados en el convenio colectivo pueden terminar en un despido disciplinario del trabajador.

¿Puedo comerme un pincho si trabajo en un bar? ¿Y regalar alimentos en mal estado si lo hago en un supermercado? Castigar éstos y otros supuestos similares dependerá de si este tipo de actuaciones están recogidas como una posible sanción de una forma explícita o implícita dentro de lo recogido en el convenio colectivo o en la normativa interna.

No obstante, la existencia de un incumplimiento laboral grave del trabajador no determina automáticamente la extinción del contrato, sino que simplemente habilita al empresario para poder extinguir el mismo de forma unilateral mediante un despido disciplinario.

El TSJ de Asturias ha avalado el despido de un comercial que fue sorprendido cobrando dietas cuando, en realidad, estaba en su casa. La empresa lo descubrió monitorizando la ubicación de su tablet.

Irse a casa a descansar en horario laboral mientras en la empresa creen que se está visitando a clientes es una falta grave, pero si además se cobran dietas para simular que se está trabajando, es motivo de despido. Una situación similar fue lo que descubrió una empresa gracias a los datos del GPS de la tablet que utilizaba en sus rutas un comercial. Y la Justicia ha avalado que se utilizaran estos datos para monitorizar la actividad del empleado y demostrar que estaba violando la buena fe contractual.

Se ha conocido el jueves 18 de octubre de 2018 la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 16 de octubre, en la que se decide (cambiando el anterior criterio) que debe ser el banco prestamista quien debe abonar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios. Precisamente, es el gasto de formalización de la hipoteca más importante en todos los casos.

Así, los bancos tendrán que hacerse cargo de este impuesto en las hipotecas que se firmen a partir de hoy. Para las anteriores, el cliente podrá reclamar la cuantía que abonó por ese concepto (como la de notaría, registro o gestión).

Como les indicamos en nuestra anterior comunicación, este Despacho siempre aconseja adaptar la reclamación al criterio judicial vigente en la materia, evitando los riesgos de reclamaciones precipitadas y poco realistas. Pues bien, con esta nueva Sentencia el Tribunal Supremo ha dado un giro muy importante en lo que, sin duda, es una buena noticia para el cliente bancario, permitiéndonos por fin reclamar en su nombre.

Está aún pendiente de determinarse por el Pleno del Tribunal el mantenimiento del nuevo criterio y en tal caso, sus consecuencias, especialmente sobre los efectos retroactivos y si son efectivamente los bancos o la Administración Tributaria quien ha de soportar los reintegros.

Estamos, pues, a la espera de próximos y decisivos acontecimientos.

Dpto. Comunicación

PAJARESY & ASOCIADOS ABOGADOS

Sus datos personales podrán ser usados para nuestra relación y para poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, también podrán ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades.

Sólo el personal de PAJARES & ASOCIADOS ABOGADOS que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de esta información por lo que podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. y aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:

PAJARES & ASOCIADOS ABOGADOS DESDE 1958, S.L.

Paseo Independencia, 21, 1º centro, CP 50001, Zaragoza (Zaragoza)

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Si una sociedad con más de cinco años de ejercicio decide no distribuir beneficios y el socio ha votado a favor del reparto de por lo menos un tercio de los obtenidos durante el ejercicio anterior, puede acudir al Registro Mercantil para que le reconozcan su derecho a separarse de la sociedad y a la designación de un experto independiente para valorar sus participaciones sociales.

 Es significativo que en ese cálculo de beneficios deban integrarse tanto los ingresos financieros como los dividendos cobrados de otras sociedades filiales.

Ante una caída por el mal estado de la calle es necesario guardar toda la documentación médica

Cada vez es más común ver el deterioro en el que se encuentran grandes ciudades como Madrid o Barcelona en el que el pavimento no está correctamente conservado, las aceras tienen los adoquines rotos o las tapas de alcantarilla no están correctamente colocadas provocando caídas a los viandantes. Incluso el hielo o las fuertes lluvias que se acumulan en la vía como consecuencia de una deficiente conservación del alcantarillado o por la falta de activación del plan de emergencia pertinente, suponen un riesgo que el ciudadano no tiene el deber de soportar.

Si como consecuencia de ese mal estado en el que se encuentran los elementos de la vía pública, que son obligación de la Administración Pública su correcta conservación, me caigo y tengo lesiones que me impiden desarrollar mi vida con normalidad teniendo que estar de baja e incluso con posibles secuelas, ¿qué puedo hacer para reclamar estos daños sufridos?

La Administración debería realizar dos actuaciones: la primera es reparar el mal estado del mobiliario urbano que ha causado la caída y la segunda, indemnizar al ciudadano de los perjuicios padecidos. ¿Cuáles son los pasos a seguir para reclamar a la Administración?

Seeger Weiss partner Chris Seeger was appointed today Interim Co-Lead Counsel in the nationwide lawsuit against Intel, on behalf of consumers who purchased computers and other devices containing Intel computer chips. The Federal Court overseeing the litigation appointed Seeger to represent putative class members against multinational corporation Intel Corp. Plaintiffs claim that the company’s processors suffer from inherent security flaws, and that their downloadable “patch” considerably slows processing speeds and does not even fix the security vulnerabilities. Serious security flaws in most Intel computer processors were discovered last year by Google’s Project Zero team in conjunction with researchers from several countries, potentially impacting millions of computers, servers, cloud operating systems and cellphones that were made over the last decade. Unprecedented in scope, this is considered one of the worst and most widespread design flaws ever found, expected to affect untold millions of users. Shockingly, it is also possible that Intel either knew or had reason to believe that a security defect existed in its CPUs for months or even years before disclosing the fact to consumers, thereby defrauding them as well as willfully exposing them to a multitude of risks and injuries, considering computers’ widespread and diverse use. The case is In re Intel Corp. CPU Marketing, Sales Practices and Products Liability Litigation, MDL No. 2828 (D. Oregon).

SEEGER WEISS, ha sido premiado en la lista “Practice Groups of the Year” de Law360 (destacada fuente de noticias e información legal) por el éxito en varios de los procedimientos judiciales llevados a cabo en 2017.

Kids&Us es un modelo de negocio de éxito, con una trayectoria consolidada que empieza el 2003 y que a día de hoy cuenta con 115.000 alumnos en sus 377 centros en 8 países.

Las franquicias son una opción segura para aquellos emprendedores que desean poner en marcha su propio negocio. Pero ¿ya sabes qué puedes esperar de este sistema de franquicias? Te explicamos 3 aspectos imprescindibles que debes exigir a la empresa antes de decidirte a emprender con ellos.

Las franquicias de distribución alimentaria siguen mostrando músculo y en 2017 han conseguido mantener su cuota de superficie frente a los establecimientos propios pese a que, habitualmente, se trata de centros de menor tamaño. A ello ha contribuido la incorporación de tres hipermercados y la apertura de un supermercado de 2.500 m2, proyectos muy poco habituales en este tipo de gestión.

Pero al margen de esta altas tan notorias, que difícilmente pueden repetirse año tras año, la franquicia acusa la ausencia de un motor que tire de su crecimiento de forma contundente. Cadenas como GM Good Ibérica (nueva denominación de Grupo Miquel) y Condis han firmado ejercicios positivos y otras, como Auchan y Eroski, se han reactivado de manera prometedora tras años con pocos proyectos por aportar. Sin embargo, la gestión indirecta ha acusado la ausencia de DIA, centrada en los últimos años en reorganizar su porfolio tras la compra, en ejercicios anteriores, de El Árbol y un centener de establecimientos propios de Eroski.

Esta situación y movimientos como la compra de DUSA por parte de Covirán son analizados al detalle en el Informe 2018 del mercado de Franquicias elaborado por Alimarket. El reportaje incluye un análisis de cómo las inversiones de DIA para comprar red propia han terminado beneficiando a sus franquicias, así como un repaso a la actuación de las principales cadenas con gestión indirecta, aperturas, cierres y evolución por formatos, entre otras variables.

El Juzgado de lo Penal número dos de Valencia ha condenado a un socorrista a, en concepto de responsabilidad civil, indemnizar con 46.258 euros a los padres de un hombre de 35 años que falleció ahogado el 25 de agosto de 2013 en una playa de Canet d'en Berenguer, en la que ondeaba la bandera amarilla y en el momento del cambio de turno. La responsabilidad civil directa es de la aseguradora y la subsidiaria de la empresa adjudicataria del servicio.

El juzgado ha declarado extinguida la responsabilidad penal del vigilante, al haber quedado despenalizada la falta de homicidio por imprudencia leve con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/15 de 30 de marzo. En este proceso había acusadas cuatro personas más: otra socorrista que accedía al turno posterior; el jefe de playa y dos personas de la empresa adjudicataria, todos ellos absueltos de cualquier tipo de responsabilidad.

El ministerio fiscal pedía 18 meses de prisión y 200.000 euros de indemnización para todos ellos y la acusación particular tres años y 300.000 euros para la familia, según la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La responsabilidad como piedra angular del derecho es, según el profesor Tamayo Jaramillo, “la consecuencia jurídica en virtud de la cual quien se ha comportado de forma ilícita debe indemnizar los daños producidos a terceros”.

Luego, dicha obligación resarcitoria puede erigir del incumplimiento de un contrato, de la inobservancia a deberes legales, del delito civil, e incluso del quebrantamiento a los estándares normales de prudencia, diligencia y cuidado.

Nótese que la responsabilidad civil como fuente del derecho según el profesor Tamayo, encuentra sus raíces jurídicas en los hechos ilícitos, situaciones jurídicamente relevantes que, entre otras, pueden brotar de aquellos menoscabos que se produzcan en el ámbito del derecho de familia.

La multinacional estadounidense Johnson & Johnson y su principal proveedor, Imerys America Inc., pagarán más de 1,5 millones de dólares a una mujer que sostiene que las fibras de amianto contenidas en sus polvos de talco le causaron cáncer, según informa Bloomberg citando a fuentes familiarizadas con el acuerdo de pago.

La agencia señala que se trata del primer y único acuerdo de este tipo en un momento en el que Johnson & Johnson se enfrenta a miles de demandas similares.

La mujer de Nueva York, cuyo nombre no se revela, culpa a las dos compañías por el mesotelioma que contrajo, un tipo de cáncer que es generalmente provocado por la exposición al amianto.

Precisamente sobre esta fibra cancerígena se centraba una investigación de Reuters publicada hace unos días, que señalaba -citando documentos, declaraciones y testimonios de juicios- que Johnson & Johnson sabía desde principios de los 1970 que sus polvos de talco contenían amianto.

Tras divulgarse este reporte, las acciones de la multinacional estadounidense cayeron un 10 %, perdiendo más de 45.000 millones de dólares en su valor.

La Sala de lo Social El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, acaba de dictar sentencia desestimando el recurso de suplicación presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Zaragoza del pasado mes de mayo que desestimaba la demanda presentada por el Ayuntamiento de Zaragoza y confirmaba la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por parte del mismo y, en consecuencia, declaraba la procedencia de que las prestaciones derivadas de la enfermedad profesional fueran incrementadas en un 50% con cargo al mismo.

D. R. M. P. prestó servicios en el Ayuntamiento de Zaragoza desde enero de 1968 hasta abril del 2009 ocupando un puesto de peón al principio, para posteriormente, y tras la correspondiente oposición, trabajar como oficial fontanero y a partir del 2002 de maestro fontanero hasta el año 2009 que se jubiló.

Durante su vida laboral estuvo directa e indirectamente expuesto al amianto de manera continua, ya que parte de su cometido principal, era cortar tuberías de fibrocemento en las tareas de reparación y sustituir las canalizaciones de abastecimientos de agua y saneamiento de la ciudad de Zaragoza.

La continua y constante exposición al amianto en la que permaneció sin que el Ayuntamiento le diera protección alguna, provocó que D. R. M. P. sufriera un mesotelioma con afectación pulmonar y peritoneal, falleciendo en el mes de agosto de 2.014.
En Febrero de 2.015, tras presentar la solicitud correspondiente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró que el fallecimiento fue debido a una enfermedad profesional.

Enfermedad profesional que, de conformidad con el dictamen emitido por la Inspección de Trabajo, se produjo por no haber velado el Ayuntamiento de Zaragoza por su salud y no haberle dotado de las oportunas medidas de seguridad.

Esta sentencia facilitará la reclamación económica que por responsabilidad patrimonial está siento tramitada frente al Ayuntamiento de Zaragoza por la firma Oria, Pajares & Asociados Abogados.