El bufete de Chris Seeger, en Nueva York, guarda cientos de historiales que han conseguido devolver la esperanza a las víctimas del amianto en Ferrol. Desde hace un lustro, Seeger se ha esforzado por conseguir indemnizaciones dignas para los trabajadores estadounidenses. Entre la documentación recopilada se encuentran listados de los buques reparados en Astano y Bazán y de las empresas norteamericanas que durante décadas suministraron amianto a los astilleros ferrolanos, pese a saber que era una sustancia perjudicial para la salud.

Hace unas semanas, Seeger, junto con su nuevo socio el abogado madrileño Salvador Peña, se desplazó a Ferrol para contarle sus planes a los socios de la Asociación Galega de Víctimas do Amianto, Agavida. En Estados Unidos las compañías que extraían o trabajaban con amianto han creado un Fondo de Compensación para resarcir económicamente a los afectados, una figura todavía impensable en España. "Aquellos que hayan trabajado directamente con el amianto y tengan un mesiotelioma -un tipo de cáncer- podrán presentar una demanda", explica Salvador Peña. Algunos de los afectados gallegos estudian ya aventurarse en el sistema judicial norteamericano, cansados de la lentitud de la Justicia española.

"La sentencia más grande que hemos conseguido aquí es de 30.000 euros. Con eso no te llega ni para adecuar la casa para poder desplazarte por ella con la bombona de oxígeno", explica Cristóbal Carneiro, presidente de Agavida. Aunque en los primeros juicios fallaron a favor de la empresa, desde hace unos años los juzgados ferrolanos han ido reconociendo las reclamaciones de los trabajadores contra la antigua Bazán, ahora Navantia. Pero los astilleros recurren. "Primero hay que esperar que se pronuncie el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que de momento nos está dando la razón, pero aún tenemos que esperar que decida el Supremo. Al final cobrarán los nietos", sentencia Carneiro.

"Los trabajadores deben de recibir una compensación por los importantes daños que les causó estar en contacto con el amianto. Una compensación como la que se otorga en los países de nuestro entorno, que es mucho mayor que las que se conceden aquí", señala el abogado Salvador Peña, del bufete madrileño Oría, Peña, Pajares y Asociados. "Donde lo han fabricado se han lucrado por vender este material y por ello deben responder", sentencia.

Frente sanitario

La batalla judicial es sólo uno de los múltiples frentes abiertos por Agavida. La asociación ferrolana es una de las más activas de toda España. Gracias al esfuerzo realizado por sus integrantes, han conseguido importantes mejoras en la atención sanitaria para los afectados de asbestosis. "La primera vez que acudí a la Sanidad gallega tardaron dieciocho meses en darme un diagnóstico", recuerda Emilio R. Espiñeira, afectado y vicepresidente de la asociación.

Desde el pasado mes de marzo, los enfermos pueden beneficiarse de una de las pocas consultas únicas que ha puesto en marcha el Servizo Galego de Saúde. Ahora, en el mismo día se ve al especialista y se realizan las pruebas necesarias para el tratamiento. La consulta se encuentra en la unidad especializada en asbestosis creada en el hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. "Sólo aquí hay 1.015 personas atendidas en esa consulta específica", explica Cristóbal Carneiro, quien alaba la labor que realiza la doctora Carmen Diego, pero teme que, en poco tiempo, la consulta se quede pequeña ya que el número de afectados está creciendo.

Es probable que acabe infartando"

Felipe Fernández, de 59 años y ex trabajador de Astano, notó un día que le faltaba el aire. "Será que ya no juego a fútbol sala", pensó. En realidad sufría fibrosis pulmonar por su exposición al amianto. Tiene que vivir con el temor a que un día se le complique y tenga infarto.

"Miedo ninguno, hay que afrontarlo"

Jesús Ángel Perille, de 61 años, recuerda que en Bazán no usaban protección. "Trabajaba en los barcos y el amianto llegaba en planchas y soltaba mucho polvo". Pese a que sabe que la asbestosis puede empeorar, se arma de valor. "Hay que dejar eso de lado y afrontarlo", dice.

"Me ocultaron que tenía asbestosis"

A sus 68 años, Emilio R. Espiñeira, sufre engrosamiento pleural con fibrosis. Se enteró de casualidad porque un día al médico de Bazán "se le escapó", asegura. "Me dijo que lo del amianto lo tenía igual". Los trabajadores denuncian que la empresa les ocultó que estaban enfermos.

Más de 3.000 enfermos en Galicia

La Asociación Galega de Víctimas do Amianto, Agavida, afirma que sólo en Ferrol hay 3.000 trabajadores que desarrollaron enfermedades por culpa de respirar amianto. Cada semana, cinco o seis personas llegan por la sede de la asociación para apuntarse, ya que se estima que existen muchos más casos ocultos.

Usado para los buques de guerra

Entre los empleados de la antigua Bazán, que construía buques militares, han aparecido más casos de asbestosis que entre los de Astano. El amianto se usa en los barcos como aislante y protector ignífugo. Los buques de guerra, al ser más pequeños que los petroleros necesitan más.

Sin estimaciones para Vigo

Agavida sospecha que entre los trabajadores del naval en Vigo también van a aparecer muchos afectados. "No hay una estimación, en muchos casos se decía que si tenías cáncer de pulmón es por fumar y no se investigaba más", explica Cristóbal Carneiro, presidente de la asociación.

Los ferroviarios, grupo de riesgo

Los sindicatos creen que sería conveniente realizar estudios epidemiológicos al colectivo de ferroviarios de Ourense, que también han trabajado entre amianto durante mucho tiempo. Afirman que se detecta en Ferrol por la presión realizada por los empleados del naval.

Desde 1940 se sabía que era peligroso

La evidencia científica de que el amianto podría ser perjudicial para la salud, parte ya de la década de los 40. En el año 57 las resoluciones del Ministerio de Trabajo franquista prohíben el contacto del amianto a mujeres y niños, pero siguen permitiendo su utilización. En el año 61, el mineral se incluye como sustancia peligrosa para la salud, pero hasta los 80 no empieza a prohibirse en Europa. España concedió una moratoria, que llegó al 2002.