El amianto vuelve a ser noticia en nuestro país. Cartagena acoge desde el 26 de enero parte del proceso judicial consecuencia de la demanda que el despacho español Oria, Peña, Pajares y Asociados, en representación de un afectado por amianto, interpuso en Estados Unidos en agosto de 2009.

La demanda presentada a través del despacho socio americano, Seeger & Weiss LLP, exige por primera vez en la historia de nuestro país indemnizaciones a 22 empresas de origen norteamericano relacionadas con la fabricación o exportación de amianto ya que fue la exposición ante este producto el causante del actual cáncer de pulmón que el trabajador murciano padece. El contacto continuo con amianto desde 1970 hasta 1999 que su trabajo de mantenimiento de barcos le exigía fue lo que produjo la enfermedad que actualmente padece y que fue diagnosticada en 2008.

La ciudad cartaginense se convertirá en la sede temporal de la justicia norteamericana durante un mínimo de un día y un máximo de siete ya que la salud del demandante es la prioridad en este momento. Allí, el perjudicado realizará su declaración ante las 22 empresas americanas demandadas, acto que se retransmitirá vía satélite con Estados Unidos. Es el delicado estado de salud del afectado lo que ha provocado que la parte demandada así como un oficial del juzgado del Estado de Pensilvania se trasladen hasta Cartagena para tomar declaración al demandante.

Desde que los socios americanos de Oria, Peña, Pajares y Asociados presentarán la reclamación en agosto del 2009, se ha logrado de forma pionera en nuestro país un acuerdo por el cual, una de las empresas demandadas ha indemnizado al afectado por una cifra de 35.000 dólares. Este tipo de compensación puede abrir un camino de esperanza para conseguir nuevas indemnizaciones con el resto de empresas demandadas. Además este caso servirá de precedente para miles de víctimas o familiares de fallecidos por cáncer de mesotelioma y otras enfermedades derivadas de la exposición de amianto y que puedan acceder a una compensación desde Estados Unidos por el daño causado.

 

Desde hace nueve años una antena de telefonía con 21 repetidores se alza junto al patio de un colegio de educación infantil en el municipio sevillano de Brenes sin que la oposición de padres y profesores haya servido de algo. Y a pocos centenares de metros se hallan otras tres antenas. Pues bien, entre padres, profesores y vecinos hay en el entorno ya más de cien casos de cancer y un número similar de personas con otras enfermedades degenerativas aparecidas en algunos casos a edades inusualmente tempranas. Y nadie hace nada con la burda excusa de que las emisiones son "legales". ¿Cómo es posible que nuestras autoridades permitan aún esta situación?

Seis meses después de que estallara el caso MAdoff, el mayor fraude financiero de la historia, las investigaciones penales empiezan a sucederse. Después de que el pasado jueves un fiscal suizo abriera una investigación para determinar las posibles responsabilidades del Banco de Santander, en España las pesquisas están también en pleno apogeo.

"Hay que modificar el sistema indemnizatorio siguiendo el modelo anglosajón de las class actions para que el ciudadano se sienta protegido."

Por las que, entre otros, se acuerda la declaración del Director General del Banco de España, del Presidente del Banco de Santander, así como la exhibición de documentación de trascendental relevancia